Una mala contratación ejecutiva cuesta entre 6 y 24 meses de salario del cargo, según el nivel de responsabilidad. Estos son los síntomas que la anticipan.
El mismo cargo ha rotado dos o más veces en los últimos dos años. Cada salida genera un período de baja productividad, traspaso incompleto y costo de un nuevo proceso.
El proceso se basa en entrevistas no estructuradas y la "impresión" del panel. No existe un perfil analítico del cargo ni un sistema de puntuación de candidatos que permita comparar objetivamente.
Los candidatos más calificados tienen múltiples ofertas. Un proceso sin estructura definida y con demoras en las etapas hace que los mejores perfiles elijan otra organización antes de que llegue la oferta.
Contratos redactados sin revisión legal, cláusulas de confidencialidad incompletas o condiciones de incorporación que no cumplen con el Código del Trabajo generan pasivos desde el primer día.
Un proceso estructurado en seis etapas que combina análisis del cargo, búsqueda activa, evaluaciones objetivas y validación legal. Sin atajos que comprometan la calidad de la decisión final.
Cada proceso de reclutamiento ejecutivo entrega documentación completa que puede reutilizarse en procesos futuros del mismo cargo, reduciendo el tiempo y costo de la próxima búsqueda.
El informe de terna incluye scores comparativos por dimensión y una recomendación fundada, no solo una lista de candidatos. La decisión del cliente es siempre informada.
Documento que especifica competencias requeridas, variables predictoras de éxito y criterios de evaluación. Reutilizable en búsquedas futuras del mismo cargo.
Análisis detallado de los tres finalistas con scores por dimensión, fortalezas, brechas identificadas y recomendación fundada para la toma de decisión.
Reporte por candidato con resultados de evaluaciones técnicas, assessment de liderazgo, ajuste cultural y verificación de referencias laborales estructuradas.
Revisión del contrato de incorporación frente al Código del Trabajo, incluyendo cláusulas de confidencialidad, período de prueba y condiciones especiales del cargo ejecutivo.
Dos sesiones de seguimiento del proceso de incorporación durante el período de garantía, para asegurar la adaptación del candidato y anticipar señales de riesgo.
Hospital de alta complejidad, Región de Coquimbo. La puesta en marcha del nuevo recinto hospitalario requirió dotar su planta completa — desde cargos directivos y profesionales de la salud hasta técnicos y personal administrativo — con estrictos procesos concursales conformes al marco normativo del sector público.
+450
Cargos reclutados
4
Años de ejecución
0
Procesos impugnados
Región
Coquimbo
Sector público
La apertura del nuevo hospital exigía cubrir más de 450 cargos en cuatro años: directivos, médicos, enfermeros, técnicos paramédicos y personal de apoyo. Todos bajo la normativa del sector público — Estatuto Administrativo, Ley 15.076 y Ley 19.664 — con plazos institucionales no negociables y transparencia total en cada proceso concursal.
Cada proceso siguió un protocolo riguroso: elaboración del perfil de cargo con requisitos técnicos y competencias asociadas al estamento, convocatoria conforme a la normativa, evaluación estructurada de antecedentes, entrevistas con criterios objetivos y conformación de la nómina de elegibles con respaldo documental completo para el acto administrativo de nombramiento.
Los más de 450 cargos fueron cubiertos dentro de los plazos comprometidos con la dirección del hospital y el Servicio de Salud de la Región de Coquimbo. Ningún proceso fue impugnado. Cada nómina de elegibles fue conformada con respaldo técnico suficiente para sostener el acto administrativo ante cualquier revisión interna o de Contraloría.
Dashboards de rotación y ausentismo que permiten anticipar necesidades de cobertura y tomar decisiones de contratación basadas en evidencia.
Ver servicio →Diagnóstico organizacional, diseño de políticas de RRHH y evaluación de desempeño para que el nuevo ejecutivo llegue a una organización con estructura clara.
Ver servicio →Procesos de selección en organismos públicos con dominio del Estatuto Administrativo, Ley 19.882 y normativa del Sistema de Alta Dirección Pública.
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