El sector público enfrenta desafíos que el sector privado no conoce: marcos normativos complejos, múltiples regímenes de contratación y una institucionalidad que exige precisión técnica en cada proceso.
El proceso de calificaciones se realiza de manera intuitiva o replicando prácticas anteriores, sin instrumentos técnicos que lo respalde. Resultado: funcionarios que impugnan ante la Contraloría con argumentos válidos, generando contingencias legales para el organismo.
Los procedimientos disciplinarios se acumulan sin resolución por desconocimiento de los plazos, requisitos formales o criterios de proporcionalidad. Una desvinculación mal fundamentada puede derivar en una reintegración ordenada por la Contraloría o en responsabilidad del jefe de servicio.
La Ley 21.643 es exigible desde agosto de 2024. Muchos servicios públicos no cuentan aún con el protocolo de prevención aprobado, el canal de denuncia operativo ni los procedimientos de investigación formalizados, lo que expone a la jefatura de servicio a responsabilidad administrativa.
Las jefaturas del sector público suelen ser profesionales técnicos promovidos por antigüedad o concurso, sin formación en gestión de personas ni conocimiento del marco normativo que regula su rol como jefes. Esto genera ausentismo no gestionado, conflictos escalados y equipos de bajo desempeño.
El sector público no tiene un solo estatuto. Dependiendo del tipo de organismo y del vínculo jurídico de cada funcionario, pueden aplicarse distintos cuerpos legales en paralelo. Trabajamos con todos ellos.
DFL N°1 de 2003. Marco general para funcionarios de planta y contrata de los ministerios, servicios e instituciones públicas. Regula la carrera funcionaria, calificaciones, procedimientos disciplinarios y causales de cesación.
Vigente desde agosto de 2024. Obliga a todos los organismos del Estado a implementar protocolos de prevención del acoso laboral y sexual, canales de denuncia y procedimientos de investigación dentro de plazos definidos y bajo responsabilidad del jefe de servicio.
Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado. Concentra el registro de todos los actos de personal: nombramientos, contratas, ceses y modificaciones. Su actualización es obligatoria y su incumplimiento es objeto de glosas y representaciones.
La Ley 15.076 regula a los médicos funcionarios; la Ley 19.664 a los profesionales de la salud no médicos; el Estatuto Docente (Ley 19.070) rige a los profesores del sistema municipal. Cada uno tiene reglas propias de desempeño, evaluación y desvinculación.
Los municipios tienen su propio estatuto funcionario (Ley 18.883), distinto al Estatuto Administrativo de los servicios centrales. Su estructura de dotación —planta, contrata, honorarios y personal a jornal— presenta particularidades propias que requieren manejo diferenciado.
La Ley 19.882 establece el Sistema de Alta Dirección Pública para los cargos de jefes de servicio y directivos. Asesoramos en los procesos de selección y evaluación de desempeño de los cargos ADP, articulando con el Servicio Civil los requisitos de cada concurso.
Nuestro trabajo no parte desde el derecho administrativo teórico: parte desde la realidad operativa de las unidades de RRHH en organismos públicos. Sabemos qué documentos pide Contraloría, cómo se construye un acto administrativo correcto y dónde están los cuellos de botella reales.
Combinamos el diseño de procesos normativamente correctos con el análisis de datos de personas. Esto permite, por ejemplo, diseñar un sistema de calificaciones que no solo cumpla el Estatuto, sino que también sea capaz de predecir ausentismo o riesgo de rotación en el organismo.
Todos nuestros servicios de consultoría y capacitación para el sector público están disponibles mediante licitación en el portal ChileCompra (Mercado Público). Contamos con experiencia en elaboración de propuestas técnicas y conocimiento de los requisitos específicos del sistema.
Entregamos documentos que sus equipos pueden aplicar de inmediato: manuales de procedimientos con pasos concretos, plantillas de calificación con criterios definidos, protocolos de Ley Karin listos para firmar. Nada de informes que duermen en un cajón.
Un proceso estructurado que parte desde el diagnóstico normativo y termina con sistemas operando y equipos capaces de sostenerlos de manera autónoma.
Identificación del régimen o regímenes aplicables al organismo: Estatuto Administrativo, Código del Trabajo, estatutos especiales o combinaciones. Levantamiento de estructura de dotación, brechas de cumplimiento y riesgos legales prioritarios.
Análisis de la estructura de personal: cargos de planta, contratas, honorarios y personal a jornal. Verificación de la consistencia de los registros con lo informado en SIAPER y detección de irregularidades administrativas antes de que lleguen a Contraloría.
Diseño o rediseño de los sistemas de calificaciones, concursos internos y procedimientos de desvinculación con criterios técnicos y normativamente correctos. Elaboración de instrumentos, plantillas y actos administrativos listos para implementar.
Diseño del protocolo de prevención del acoso laboral y sexual, implementación del canal de denuncia y elaboración de los procedimientos de investigación conforme a la Ley 21.643. Capacitación a jefaturas en sus responsabilidades como garantes del entorno laboral respetuoso.
Programas de formación para mandos medios y directivos en gestión de personas bajo el Estatuto Administrativo: calificaciones, gestión del ausentismo, retroalimentación y aplicación de la Ley Karin. Disponibles con franquicia SENCE y en Mercado Público.
Implementación de un panel de control de personas que monitorea dotación, ausentismo, calificaciones y cumplimiento normativo en tiempo real. Permite a la dirección tomar decisiones preventivas antes de que los problemas escalen a Contraloría.
No entregamos presentaciones de diagnóstico que quedan sin implementar. Cada proceso termina con documentos, sistemas e instrumentos que sus equipos pueden aplicar de forma inmediata y autónoma.
Documento operativo que describe, paso a paso, los procesos de personal del organismo: nombramientos, contratas, licencias, calificaciones, concursos y desvinculaciones. Redactado en lenguaje accesible para los equipos administrativos.
Instrumentos de evaluación (hojas de calificación, criterios por nivel y estamento), procedimiento de aplicación y plantillas de notificación. Diseñado para resistir impugnaciones ante la Contraloría General de la República.
Protocolo de prevención del acoso laboral y sexual aprobado por la dirección, canal de denuncia operativo, procedimiento de investigación con plazos definidos y formularios listos para aplicar en caso de denuncia.
Bases de concurso, pauta de evaluación de antecedentes, ficha de postulación y plantilla de resolución de designación. Diseñadas para garantizar transparencia, igualdad de oportunidades y conformidad con el Estatuto.
Panel de control que consolida los indicadores clave de gestión de personas: dotación vigente, cargos vacantes, calificaciones pendientes, estado SIAPER y alertas de vencimiento de contratas. Actualizable por el equipo de RRHH del organismo.
Documento de cierre que resume el diagnóstico inicial, las acciones implementadas y el estado de cumplimiento normativo al finalizar la consultoría. Sirve como respaldo ante eventuales revisiones de la Contraloría General de la República.
Diagnóstico organizacional y diseño de políticas de RRHH. Una organización pública con procesos claros y documentados gestiona mejor bajo cualquier régimen normativo.
Ver servicio →Programas de formación para jefaturas y equipos del sector público, disponibles en Mercado Público. Liderazgo, Ley Karin, Estatuto Administrativo y gestión de personas con datos.
Ver servicio →Dashboards de dotación, ausentismo y calificaciones para organismos públicos. Los datos que ya existen en su servicio, convertidos en información para tomar decisiones preventivas.
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